Yolanda D’Elia y Thais Maingon

mayo 6, 2010

D’Elia, Yolanda y Thais Maingon: un diagnóstico en materia social sobre el gobierno revolucionario de Hugo Chávez.

Reseña

D’Elia, Yolanda y Thais Maingon (2009): “La Política Social en el Modelo Estado/Gobierno Venezolano”, documento de trabajo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y Convite A.C., Febrero, Caracas, Venezuela.

 

De acuerdo con las autoras Yolanda D’Elia y Thais Maingon, las consecuencias más significativas en materia social del modelo Estado/Gobierno emprendido por el ejecutivo nacional Hugo Chávez Frías “son una inclusión limitada, la desaparición de las políticas públicas para atender los problemas sociales estructurales y una creciente descomposición de la convivencia social” (D’Elia y Maingon, 2009:1).

La lectura en materia social en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (30 de diciembre de 1999), según Yolanda D’Elia y Thais Maingon se expresa en los siguientes términos: “…El artículo 2 del texto constitucional establece que ‘Venezuela se constituye en un Estado[1] democrático y social, de derecho y de justicia…’. En este artículo, lo social se convierte en uno de los pilares del ordenamiento jurídico y significa entre otras cosas:

  1. Una integración socialmente incluyente, que reconoce a todas las personas en sus identidades como miembros de la sociedad venezolana.
  2. La protección de las libertades y derechos relacionados con la dignidad humana, en condiciones de igualdad jurídica y política.
  3. La intervención en factores sociales, económicos, culturales y políticos que producen formas injustas de pobreza, exclusión y desigualdad social.

Como derivación de este artículo, aproximadamente 20% de los artículos de la nueva Constitución están relacionados directa o indirectamente con derechos y garantías sociales…” (D’Elia y Maingon, 2009:2).

Existieron distintas estrategias políticas y pugnas ideológicas en el interior del gobierno “acerca de las causas de los problemas del país y las vías para solucionarlos. Una de estas visiones fue la de una Revolución Cívico Militar, que promovían los partidarios civiles y militares del MBR 200. La otra fue la de Reformas Democráticas Progresistas que apoyaban los sectores críticos al sistema político tradicional, pero creyentes de la institucionalidad democrática” (D’Elia y Maingon, 2009:3).

D’Elia y Maingon señalan que bajo la Visión Democrática Progresista el gobierno instituyó entre los años de 1999 y 2001 los siguientes planes:

  1. “La reestructuración de ministerios del sector social, en particular se creó el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS).
  2. La gratuidad de los servicios de salud y educación, y el diseño de modelos de atención integrales, humanos y participativos.
  3. La formulación de nuevas leyes sociales, específicamente la Ley del Sistema de Seguridad Social y las Leyes de Salud, Vivienda y Protección de los Trabajadores” (D’Elia y Maingon, 2009:3).

Y sobre esta Visión Democrática Progresista concluyen las autoras “El intento de golpe de estado en abril de 2002, finalmente derrotó esta visión dentro de las estrategias desarrolladas por el gobierno y abrió las puertas para continuar con la visión revolucionaria” (D’Elia y Maingon, 2009:4-5).

La visión cívico-militar tiene como propósito “liberar a la sociedad venezolana de la influencia de los sectores económicos capitalistas, a través de la colectivización de los medios económicos, políticos y culturales. En su lugar, es necesario instalar una nueva forma de democracia de mando popular y moral socialistas, que se conforma a través de un polo de poder político, militar, económico y social orientado por los valores y la disciplina revolucionaria. Este poder que actúa fuera del orden institucional establecido va desplazando de los espacios estratégicos a los poderes de la democracia tradicional” (D’Elia y Maingon, 2009:5).

Este proceso revolucionario dio inicio en materia social con el “lanzamiento de la Alianza Cívico Militar y el Plan Bolívar 2000. Mediante estas dos estrategias, el gobierno trazaba las principales líneas de acción de lo que sería el plan para atender necesidades urgentes y de manera inmediata a los venezolanos/as con el apoyo de las fuerzas militares. Dentro de esta alianza se llevaron a cabo hasta el año 2002, entre otros: Plan de las Rutas Sociales, Plan Pescar 2000, Plan Casiquiare 2000 (población indígena), Plan de Asistencia Alimentaria Popular, Plan de Educación Nacional de Redes Educativas, Programa Todas las Manos a la Siembra, Plan Avispa y Plan Hormiga para la auto-construcción de viviendas.

Ante la amenaza de un posible referendo revocatorio del mandato presidencial y para defender la revolución, en el año 2003 se crean las Misiones Sociales. Esta estrategia fue denominada por el Presidente como ‘Revolución desde abajo’, entendiendo que había llegado el momento de derrotar a los sectores de oposición a través de una operación dirigida a masificar y hacer penetrar programas educativos, alimentarios y de salud en el tejido de los sectores populares, utilizando el Convenio Cuba-Venezuela firmado en el año 2000. De esta estrategia surgieron cerca de 14 misiones, apoyadas por contingentes militares, personal cubano y voluntarios comunitarios que lograron llegar a un porcentaje significativo de las zonas populares hasta finales del año 2004.” (D’Elia y Maingon, 2009:5).

Será en el 2005 cuando el gobierno de Hugo Chávez Frías articule la prolongación del proceso revolucionario en la visión ideológica del “Socialismo del siglo XXI”.  En este proceso de revolución socialista surgen en el 2006 la acuñación del concepto de Poder Popular y se establecen los Consejos Comunales (D’Elia y Maingon, 2009) La lectura política de las autoras sobre la función que ejerce el Ejecutivo en este proceso revolucionario es que “Las decisiones públicas son entendidas como campo exclusivo del Presidente y son implementadas en forma personalista y, por lo tanto excluyente, buscando fortalecer liderazgos políticos. En estas condiciones la participación solo puede entenderse como apoyo político incondicional” (D’Elia y Maingon, 2009:7).

El discurso de la “participación” del Presidente Hugo Chávez Frías: “…se convierte en una estrategia de control social lo que significa el ejercicio directo del poder sobre las iniciativas sociales. Edificar un poder moral revolucionario para construir un modo de vida socialista, fuera del marco constitucional y las leyes, así como al margen de los controles jurisdiccionales, puede llevar a prácticas discriminatorias, opresivas y excluyentes. De estas prácticas puede ocurrir que las personas y los movimientos sociales críticos u opuestos a los propósitos de gobierno sean criminalizados y reprimidos, inclusive los que hacen vida dentro del propio proceso revolucionario” (D’Elia y Maingon, 2009:11).

En suma, el diagnóstico en materia social sobre la gestión del actual gobierno venezolano de acuerdo con las autoras D’Elia y Maingon, se resume en que el proceso revolucionario en sus “políticas sociales” ha generado una inclusión social limitada de los sectores menos favorecidos por los derechos sociales, el desmantelamiento de las políticas públicas producto del colapso del sistema de protección y la descomposición de la convivencia social creada por los altos índices de violencia que padece el país y que el gobierno no atiende con políticas públicas de seguridad.

 


[1] El término “Estado” en este artículo, se refiere a la condición con la que se constituye la sociedad venezolana y que rige el ordenamiento jurídico. No se refiere a las características del régimen del poder público.

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