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Venezuela: el Pacto de Punto Fijo y los derechos sociales, unas notas

agosto 24, 2011

Noé Hernández Cortez

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Sede México

noe.hernandez@flacso.edu.mx; noe.hernandezcortez@gmail.com

Uno de los primeros discursos democráticos en la historia política latinoamericana es la de Venezuela. El historiador mexicano Jean Meyer escribiría en 1977 las siguientes líneas: “todos los países de las Américas Ibéricas, todos salvo México, Colombia, Venezuela y la pequeña Costa Rica, están gobernadas actualmente por militares; sólo desde hace unos quince años Venezuela logró escapar a esos generales: Colombia recuerda todavía al general Rojas Pinilla. La única excepción finalmente, es la de México” (Meyer, 1977: 4). El análisis histórico de Jean Meyer sobre Venezuela, se refiere al temprano nacimiento de la democracia en Venezuela. Con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez se llegó a un acuerdo entre la élite política en 1958 a través del memorable Pacto de Punto Fijo (Rey, 1991; Kornblith, 1994).[1]

 En 1959 el sociólogo político y cientista político Seymour Martin Lipset[2] definía a la democracia como “un sistema político en el cual existe oferta regular de oportunidades constitucionales para cambiar a los funcionarios gubernamentales” (1959: 71), por supuesto esta rotación de cargos públicos se sustenta en el mecanismo elemental de la democracia: la celebración de elecciones competitivas y transparentes. Asimismo, Lipset argumentaba que esta rotación de cambio en los cargos públicos en toda democracia se sustentaba en tres mínimas condiciones, a saber: “1). Una “fórmula política”, entendida como un sistema de creencias, legitimidad del sistema democrático e instituciones específicas – partidos políticos, libertad de prensa, etcétera- los cuales son legitimados y aceptados como propiedad de todos; 2). Un conjunto de líderes políticos en el gobierno; y 3). Uno o más conjuntos de líderes, fuera del gobierno, que actúan como una oposición legítima que intentan ganar el ejercicio del gobierno” (Lipset, 1959: 71). Siguiendo el argumento de Lipset encontramos que en Venezuela se dio en 1958 los tres componentes mínimos que requiere una democracia: 1).una fórmula política, 2).líderes políticos en el ejercicio del gobierno, y  3).una oposición.

 

1). Una fórmula política. El pacto de Punto Fijo sentó las bases institucionales para el ejercicio de la democracia en Venezuela. El pacto fue posible debido al reconocimiento del juego democrático a través de elecciones entre los partidos de Acción Democrática (AD), el partido social cristiano (COPEI, Comité de Organización Política Electoral Independiente) y la Unión Republicana Democrática (URD) (Ollier, 2011:15). Son estos tres partidos con los que nace el moderno sistema de partidos de masas en Venezuela.

 

2). Líderes políticos y partidos políticos. El marco institucional democrático fue legitimado por estos tres partidos, sentando el inicio del respeto por la celebración de elecciones para el cambio legítimo en el ejercicio de gobierno. En la evolución del sistema de partidos en Venezuela encontramos dos rasgos distintivos. El primero consiste en que las élites políticas lograron traducir las demandas sociopolíticas de las masas de trabajadores y campesinos de Venezuela (Rey, 1991; Kornblith, 1994). El segundo rasgo distintivo es que el sistema de partidos en Venezuela evolucionó hacia un bipartidismo fuertemente institucionalizado, en donde las luchas por el poder por la vía electoral estaban configuradas por los partidos de Acción Democrática (AC), cuyo ideólogo y líder político fue Rómulo Betancourt; y el partido demócrata cristiana COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente), cuyo ideólogo y líder político fue Rafael Caldera (Molina y Pérez, 1998). Así los discursos de los líderes políticos eran identificados dentro de las ideologías bien definidas por las plataformas político-electorales de cada partido político, en otros términos la estabilidad institucional con la que nace el bipartidismo en Venezuela garantizaba la identificación plena de las propuestas políticas de cada partido político fortaleciendo sus alianzas con los sindicatos, la clase media y el medio empresarial.

 

3). La oposición. Un antagonista históricamente presente en el sistema de partidos de Venezuela son las corrientes marxistas y comunistas. Los partidos de izquierda en Venezuela jugaron un papel importante como campos discursivos contra la élite política y las tendencias ideológicas liberales. Antes del pacto de Punto Fijo el histórico Partido Comunista de Venezuela (PCV) fue reconocido legalmente en 1945. “Existían, además, desde la época de Gómez, diversas organizaciones marxistas, que ya bajo la presidencia de Medina Angarita, fueron autorizados para actuar abiertamente, y que en 1945 se unen para formar el nuevo Partido Comunista de Venezuela  (PVC) ahora por primera vez legalizado” (Rey, 1991: 537). En el pacto político de 1958 las tendencias ideológicas de la izquierda fueron excluidas de dicho acuerdo nacional, no obstante desde la exclusión fue construyendo un discurso antagónico al gobierno y jugó el rol de oposición, más o menos respetada en su libertad para expresar sus desacuerdos políticos.

            Así, el bipartidismo que nace del Pacto de Punto Fijo empezará a canalizar las demandas sociales, elaborando plataformas políticas en donde se empiezan a reivindicar los derechos sociales de los ciudadanos venezolanos.[3] La reivindicación de los derechos sociales como la educación gratuita impartida por el Estado, el acceso a los servicios de salud, el derecho a la protección social del trabajo y los servicios públicos básicos fue constituyendo un discurso de política social que los partidos políticos hacían parte de sus plataformas políticas y prácticas de políticas públicas una vez ya en el ejercicio de sus gestiones gubernamentales. A diferencia de la construcción histórica del estado de bienestar en los estados capitalistas industrializados (Esping-Andersen, 1993), el estado de bienestar en América Latina aparece después de la Segunda Guerra Mundial en entornos complejos de desigualdad social, crisis políticas y económicas que han erosionado la capacidad institucional del Estado en las prestaciones y obligaciones de garantizar los derechos sociales mínimos. En ese sentido, podemos hablar de un estado de bienestar en países de ingreso medio[4] como son los países de América Latina, el Este Asiático y los países de Europa del Este (Haggard y Kaufman, 2008).[5]

 

Ciudad de México, 24 de agosto de 2011


[1] El registro histórico de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez se establece el 23 de enero de 1958. Con negociaciones políticas previas el Pacto de Punto Fijo se firmó el 31 de octubre de 1958.

[2] En la presente investigación doctoral nos inspiramos en la rica tradición que representa el pensamiento de Seymour Martin Lipset en estudios sobre la democracia. Véase: Seymour Martin Lipset (1959), “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”, en The American Political Science Review, Vol. 53, No. 1, pp. 69-105;Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter (1986), Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press; Seymour Martin Lipset (1994), “The Social Requisites of Democracy Revisited: Presidential Address”, en American Sociological Review, No. 59, Febrero, pp. 1-22; Larry Diamond (1997), “Consolidating Democracy in the Americas”, en Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol.550, Marzo, pp.12-41; Adam Przeworski, Michael E. Alvarez. José Antonio Cheibub y Fernando Limongi (2000), Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990. Cambridge: Cambridge University Press; Ronald Inglehart y Christian Welzel (2005), Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge: Cambridge University Press. Es importante señalar que el trabajo de Lipset está inspirado a la vez en Aristóteles, Schumpeter y Alexis de Tocqueville, este último es importante por su análisis sobre las condiciones en que se dio la igualdad política y social en la democracia norteamericana.

[3] Para algunos autores como Michael Coppedge después del Pacto de Punto Fijo en Venezuela surge una partidocracia con dos partidos fuertes como lo fueron Acción Democrática y el Partido Demócrata Cristiano COPEI. Véase: Michael Coppedge (1994), Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela, Stanford California: Stanford University Press.  

[4]  De acuerdo con William R. Harlan, Lynne C. Harlan y Wee Ling Oii los países con status de “menos desarrollo” tienen un ingreso promedio de PIB per cápita de $270 dls, en cambio los países con un status de “ingreso medio” tienen un promedio de PIB per cápita de $2490 dls. Esta estimación fue realizada a precios constantes de 1984. Véase: William R. Harlan, Lynne C. Harlan y Wee (1984), “Policy Implications of Health Changes in Rapidly Developing Countries: The case of Malasya”, en Journal of Public  Health Policy, Vol.5, No.4, Diciembre, pp. 563-572.

[5] Un proyecto de investigación impulsado por Stephan Haggard y Robert R. Kaufman es el de una economía política de la política social que analice el estado de bienestar de ingreso medio en los países de América Latina, el Este Asiático y los países de Europa del Este. Como todo proyecto de investigación, el de Haggard y Kaufman parte de una tradición intelectual entre la economía política, la ciencia política y la economía delbienestar (Amartya Sen, 1982, 1999; Anand, Hunter y Smith, 2005; Nussbaum, 1992, 1993). Véase: Baum, Matthew A. y David A. Like (2003), “The Political Economy of Growth: Democracy and Human Capital”, en American Journal of Political Science, Vol.47, No.2, Abril, pp. 333-347; Dornbush, Rudiger y Sebastian Edwards, editores, (1991), The Macroeconomics of Populism in Latin America, The National Bureau of Economic Research (en línea); Haggard, Stephan y Robert R. Kaufman (2008), Development, democracy, and welfare states: Latin America, East Asia, and Eastern Europe, Princeton, N.J.: Princeton University Press; Hirschman, Albert O. (1987a) “The Political Economy of Latin America Development: Seven Exercises in Retrospection”, en Latin American Research Review, Vol. 22, No.3, pp. 7-36; Hirschman, Albert O (1987b) “The Political Economy of Import-Substituting Industrialization in Latin America, en The Quarterly Journals of Economics, Vol. 82, No.1.

EN DOCUMENTO: Venezuela. El Pacto de Punto Fijo y los derechos sociales, unas notas.

Venezuela: Economía Política y Política Pública

julio 11, 2011

Mi blog sobre Venezuela: Venezuela: Economía Política y Política Pública

Análisis del discurso de la política social en Venezuela, 1989-2009: una propuesta teórica Postestructuralista.

marzo 3, 2011

Análisis del discurso de la política social en Venezuela, 1989-2009: una propuesta teórica Postestructuralista.*

 

RESUMEN

En el presente ensayo argumento que el análisis de la política pública se puede realizar desde distintos marcos teóricos. Asimismo, propongo un modelo del discurso para el análisis de la política social en Venezuela (1989-2009), con base en la idea de los grados de saber en el análisis de la política pública que formula Wayne Parsons y de la Teoría del Discurso Postestructuralista de Ernesto Laclau. Fundamentalmente me apoyo en las categorías de “articulación” y “hegemonía” de Laclau para sustentar mi modelo de análisis de política pública. Concluimos, que el análisis de la política social desde el marco teórico aquí propuesto es una alternativa metodológica para el análisis empírico. 

 

Noé Hernández Cortez**

 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso, Sede México)

 Palabras claves: Política social, grados de saber, discurso postestructuralista.

 Introducción

En 1977 escribía el historiador Jean Meyer las siguientes líneas “todos los países de las Américas ibéricas, todos salvo México, Colombia, Venezuela y la pequeña Costa Rica, están gobernados actualmente por militares; sólo desde hace unos quince años Venezuela logró escapar a esos generales; Colombia recuerda todavía al general Rojas Pinilla. La única excepción finalmente, es la de México”. (Meyer, 1977: 4)

La historia de la década de lo setenta y de los ochenta en América Latina estuvo convulsionada por la violencia. El escenario político estaba marcado por las dictaduras del Cono Sur como Argentina, Uruguay y Chile; y por los movimientos de insurgencia en Centroamérica como El Salvador, Honduras,[1] Nicaragua y Guatemala (Grenier, 1999). En este contexto, Venezuela pertenecía a finales de los setenta a los países que se habían librado de las dictaduras e insurgencias como bien observaba en su momento Jean Meyer.

Los cambios en la historia política de América Latina en los noventa están marcados por la aparición débil de instituciones democráticas transitada por un período de paz, producto de la tendencia hacia el apaciguamiento de la violencia[2]. El contexto político de América Latina entrado el siglo XXI tiene como signo distintivo el ascenso de la izquierda latinoamericana al poder en determinados regímenes políticos como Brasil, Argentina, Chile, Bolivia y Venezuela. Ideológicamente podemos trazar distintos matices de esta izquierda latinoamericana. La izquierda en Chile y Brasil se le ha identificado más con las tendencias ideológicas de la socialdemocracia, mientras que la izquierda en Bolivia y Venezuela se le ha identificado con el populismo. Argentina se entiende en el marco de la política populista anclada en la tradición del peronismo, a la vez que convive con las reformas liberales impulsadas inicialmente por el gobierno de Menem.

Bolivia y Venezuela son casos paradigmáticos para la izquierda en América Latina, porque son una expresión compleja de las tensiones políticas de la región. No obstante, lo relevante de Venezuela es su historia de instituciones democráticas y que actualmente se halla en una complejidad política y social de interés para la ciencia política. La investigación de las instituciones democráticas en América Latina, concretamente la política social en Venezuela nos lleva a una propuesta teórica en el presente ensayo: aplicar empíricamente conceptos fundamentales de la teoría del discurso de Ernesto Laclau -propios de la ciencia política y la sociología política- como son el de articulación y  hegemonía en el análisis de la política social, pues, después de que en el imaginario discursivo de la investigación en la política pública durante la década de los noventa y en la actualidad habían tomado mayor interés conceptos como gobernanza, eficiencia institucional, redes, complejidad,  deliberación e interdependencia. (Arts y Van Tatenhove, 2005: 339).

Wayne Parsons y los grados de saber

 

Una primera aproximación a nuestro tema de estudio parte de una discusión académica alrededor de los distintos enfoques o marcos teóricos para estudiar la política pública en un mundo social marcado por la complejidad. Wayne Parsons, siguiendo la propuesta epistemológica de Flyvbjerg (2004) regresa a las nociones epistemológicas de Aristóteles. Para fines de nuestro presente ensayo hemos reflexionado sobre dos grados de conocimiento que asume Wayne Parsons (2007) para el análisis de la política pública que son: episteme y phronesis. La episteme pretende explicar los fenómenos a partir de los principios de causalidad, esto en la economía se traduce en explicar los fenómenos económicos por medio de modelos econométricos. Michel Foucault criticó los aspectos disciplinarios que conllevaba el saber científico y racional. Foucault a contracorriente de los paradigmas establecidos sostenía que el discurso científico a pesar de que pretende instalarse en la supuesta neutralidad ideológica, en realidad el discurso científico tiene una carga ideológica que hay que descubrir para conocer los intereses de poder que subyacen en el propio discurso. Estudios empíricos como los de James Ferguson (1990) y  Béatrice Hibou (2000) han demostrado la tesis de Foucault de que los discursos económicos de las instituciones financieras internacionales no son neutrales, sino expresión de grupos de poder que imponen sus modelos de explicación sobre los problemas de los países “periféricos”. Al respecto el trabajo de Beatrice Hibou ha mostrado que el Banco Mundial en su pretensión de establecer un modelo racional, parsimonioso y aséptico para explicar los problemas y fijar recomendaciones a los países “periféricos” y concretamente a los países de la región del sub-sahara deja fuera problemas tan complejos como el conflicto político o los movimientos sociales. En concreto, lo que nos interesa destacar es que los modelos apoyados en la teoría de la elección racional dejan fuera el fenómeno de lo político[3]. De esta forma, nosotros asumimos que lo político tiene un impacto significativo en la formulación de los problemas y de la agenda de la política pública, pues es en lo político en donde se expresa el poder y la expresión ideológica de los actores. Y son precisamente estas dimensiones las que son poco estudiadas en el análisis de la política pública.

 Phronesis es el grado de saber que se refiere al discurso. Para fines de nuestro ensayo asumimos la teoría de discurso  postestructuralista de Ernesto Laclau. El filósofo argentino construyó el concepto de hegemonía a través del método genealógico de Foucault y tomó del filósofo francés la categoría de articulación (Andersen, 2003). Es importante mencionar la influencia teórica de Michel Foucault (Culpitt, 2001), en los trabajos empíricos sobre el análisis de la política pública (Ferguson, 1990; Hibou, 2000;  Ariztizábal, Cabides y Jiménez 2005) lo que manifiesta un intenso trabajo en esta área de conocimiento del discurso en el estudio de la política pública.

 ¿Por qué estudiar la política social de Venezuela bajo el enfoque de la teoría del discurso postestructuralista?

Sin pretender agotar la respuesta consideramos que las explicaciones sobre la política pública en general y en particular la política social venezolana a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez han sido estudiadas a partir de los modelos económicos liberales. Si bien es cierto que estos estudios evalúan la política social en relación a su viabilidad y eficiencia económica (Vera, 2008), solo es una parte de la explicación. Y es una parte de la explicación porque se ha dejado fuera el estudio de cómo se han conformado los modelos de política social  en el marco del conflicto político, no solo durante el gobierno de Hugo Chávez sino en el período anterior a él. Además como los modelos económicos liberales parten del supuesto de que el conflicto político se canaliza por medio de las instituciones y en ese sentido sólo atiende los resultados institucionales olvida analizar los discursos de poder que se articulan dentro y fuera de las instituciones formales (Morong, 2009). En ese sentido, lo que se pretende estudiar son los distintos discursos que han construido los dispares modelos hegemónicos de política social en Venezuela en momentos coyunturales durante el período de 1989 a 2009. Es un período de tiempo significativo para una construcción de los momentos coyunturales y que permita observar los distintos modelos de política social en el tiempo. Esto a la vez nos permitiría identificar los intereses  políticos de los actores individuales o grupos de poder, traducida en políticas sociales.

Por ejemplo, hemos encontrado que antes del gobierno de Hugo Chávez existía una política social cada vez más insertada en el proceso de descentralización (Maingon, 2006), con la llegada de Chávez se registra una tendencia a una centralización en el manejo de la política social por parte del Ejecutivo como es el caso del llamado Plan Bolívar 2000, “el cual fue dirigido por militares y coordinado de forma  centralizada desde el poder ejecutivo” (Díaz, 2006: 154).

Algunos analistas han criticado la estructura clientelar de la política social de Hugo Chávez en Venezuela (Vera, 2008) cancelando así formas ciudadanas de participación política. Por otra parte, para Ernesto Laclau lo que sucede en Venezuela es un proceso de democratización a partir del liderazgo de Hugo Chávez (2006). Carrasquero, Varnagy y Welsh (2003) han llegado a las siguientes conclusiones sobre la cultura política y calidad de la democracia en Venezuela: “Aumento del cinismo y de la apatía política; disminución de la participación política efectiva; incapacidad del sistema político de generar alianzas de gobierno representativas; creciente violencia civil y criminal que erosiona la sustancia de régimen democrático; finalmente, la aparición de brujos con fórmulas mágicas en el escenario político” (Carrasquero, Varnagy y Welsh, 2003: 112) En estas conclusiones llama la atención la frase peyorativa hacia Hugo Chávez como parte de los “brujos con fórmulas mágicas en el escenario político”. Y llama la atención porque hasta en los estudios académicos se filtran las descalificaciones ideológicas que actualmente dividen a la sociedad venezolana. Estamos en ese sentido frente a una realidad política venezolana compleja, pero cuya complejidad política no podemos omitir en un análisis de la política social. Si asumiéramos que lo político no explica a la política social quedaría fuera una dimensión relevante para comprender las formas de poder que subyacen en los discursos de la política social y asimismo saber el sustento ideológico de las críticas a estas políticas sociales antes y durante el gobierno de Hugo Chávez. Para el analista en política pública es importante tener en cuenta toda la complejidad de la realidad sociopolítica, precisamente para construir el contexto sociopolítico en que se desarrolla la política social. En este contexto, se pueden formular preguntas de investigación como las siguientes: ¿Qué tanto peso tienen el poder y la ideología en la constitución hegemónica de la política social? ¿Cuáles fueron los discursos ideológicos articuladores  de los políticos para la implementación de la política social? ¿Cuáles son las continuidades y rupturas discursivas de las políticas sociales estatales? ¿Qué concepciones hegemónicas de política pública y sociedad subyacen en las políticas sociales implementadas? ¿Cuál es el grado de articulación discursiva en la ideología social de Hugo Chávez que contrasten con las ideologías hegemónicas que le precedieron?

Así, nuestro ensayo se inserta en el debate sobre la política pública en Venezuela. Si bien es cierto que abundan los trabajos sobre la política social en Venezuela a partir de la llegada de Hugo Chávez, nuestro interés no solamente es proponer un enfoque teórico alterno al estudio de la política social durante el gobierno de Hugo Chávez, sino más bien antes de su gobierno, por ello partimos de 1989.

Asimismo, como hemos argumentado líneas arriba nuestra discusión es también de carácter teórico, pues pretendemos señalar que la ciencia política en América Latina sigue más los modelos cuantitativos de la academia norteamericana (Sartori, 2004)  y nuestro enfoque pretende complementar estos estudios con la forma de hacer ciencia política en el mundo académico europeo. Además, nuestro propósito es manifestar la relevancia de los discursos de poder político que articulan a la política social. Con este enfoque pretendemos hacer una crítica explicita a los modelos formales que pretende establecer la ciencia política norteamericana como único camino de investigación (Aguilar, 2009), instaurándose como el discurso de saber predominante, dejando fuera con ello  dimensiones como la complejidad de la construcción ideológica de los grupos de poder.

La ideología como hegemonía

La política pública es una construcción ideológica hegemónica de los grupos de poder. El análisis del discurso nos permite identificar a los actores individuales e institucionales que ejercen el poder hegemónico. Apoyados en esta premisa general, argumentaremos que la ideología hegemónica y el poder político en la conformación de la política social en Venezuela en el período de 1989 a 2009 desde un análisis coyuntural del discurso han dado lugar a la competencia ideológica de distintos modelos de política social, de esta manera demostraremos identificando a los actores involucrados tanto individuales como institucionales que la política social no es aséptica[4] de valores, sino una construcción de los grupos de poder quienes fijan los problemas y la agenda de la política social.

Propuesta metodológica

 Nuestro análisis es a partir de la teoría del discurso  postestructuralista de Ernesto Laclau. Siguiendo la noción de estrategias analíticas discursivas del estudioso danés Niels Akerstrom Andersen, nos detendremos primero en definir los conceptos de discurso, articulación y hegemonía que sugiere Ernesto Laclau.   Discurso, “cuando, como resultado de una articulación práctica, se ha convertido en capaz de configurar un sistema exacto de diferentes lugares de enunciación, este sistema de diferentes lugares de enunciación se conoce como discurso” (Laclau, en Andersen, 2003: 50). Articulación, “es lo que designamos por cualquier práctica que establece la relación, es decir, las diferencias y similitudes entre los elementos” (Andersen, 2003: 50). “La noción de Hegemonía[5] está ligada directamente al argumento acerca de la incompletitud de estructuras y a la continuidad total o parcial de elementos flotantes del discurso. La comprensión básica es que la hegemonía solo es posible cuando existe algo que puede ser homogeneizado, y esto sólo ocurre cuando el discurso carece de la determinación final, cuando los elementos discursivos tienen un excedente de significado y cuando los significantes no están vinculados a la irreversibilidad del significado. Consecuentemente, la hegemonía significa que nunca se llega a la conclusión de los intentos de producir una fijación, para la que siempre habrá una amenaza” (Andersen, 2003: 55).

En relación con el anterior aparato conceptual, se propone el siguiente modelo de análisis de la política pública, con base en la teoría del discurso postestructuralista de Ernesto Laclau.

Conclusiones

Nuestra propuesta de investigación tiene un anclaje teórico en el grado de saber que Wayne Parsons identifica como phronesis, es decir, el discurso. Para una formulación teórica de análisis de política pública, como hemos argumentado, nos hemos apoyamos en la teoría del discurso postestructuralista de Ernesto Laclau, esta concepción teórica tiene la ventaja de poder observar el proceso político en su contexto, por consiguiente en como se va constituyendo la política social, nuestra pretensión es en un futuro aplicar nuestro modelo a un caso concreto: la política social en Venezuela, en el período de 1989-2009.

Asimismo, nuestro propósito ha sido poder operacionalizar conceptos como discurso, articulación y hegemonía, que provienen de una teoría tan sugestiva, refinada y abstracta como lo es la teoría del discurso postestructuralista de Ernesto Laclau. Nuestro ensayo supone también un reto para aplicar modelos de discurso cuya tradición es más europea, que los estudios de ciencia política norteamericana. La idea es realizar una agenda de investigación en donde de manera natural confluyan el estudio de las instituciones a través de modelos discursivos.

Finalmente, la pretensión del ensayo es buscar nuevas formas de investigación que constituyan una alternativa al mainstream neoinstitucionalista de la ciencia política actual.

 

Bibliografía

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 *  El presente artículo es producto de los seminarios del Dr. Julio Aibar Gaete (Flacso, Sede México); el Dr. Ernesto Laclau (University of Essex) y el Dr. Wayne Parsons (Queen Mary College, University of London). La redacción del artículo es responsabilidad del autor. Una primera versión del presente trabajo se publicó en la Revista de Análisis Social del Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, México.

 ** Noé Hernández Cortez, cursa actualmente el Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales, especialidad en Ciencia Política. Sus líneas de investigación son: Economía Política Internacional, Análisis de la política pública, Política Social en Venezuela, Globalización, Estrategias de políticas monetarias * noe.hernandezcortez@gmail.com; noe.hernandez@flacso.edu.mx

[1] Actualmente Honduras sufre un retroceso democrático ante el golpe de estado del 28 de junio de 2009, llevado a cabo por los “liberales”, cuyo líder es el presidente de facto Roberto Micheletti.

[2] En la década de los noventa los países de la Europa del Este también empezaron  a restaurar las democracias constitucionales, después de haber padecido los autoritarismos del bloque comunista. Sobre la liberalización de Europa del Este, Ver: Garton Ash, Timothy (2000): Historia del presente: ensayos, retratos y crónicas de la Europa de los 90, Barcelona: Tusquets Editores.

[3] Para un estudio analítico sobre lo político, ver el ensayo MUÑOZ, María Antonia. (2006): “Laclau y Rancière: algunas coordenadas para la lectura de lo político” en Andamios Vol. 2 Núm.004, pp. 119-144.

[4] Julio Aibar ha identificado con acierto la idea de “asepsia” ideológica que pretenden instaurar los científicos sociales en su discurso de  supuesta neutralidad  ideológica. Paralelamente la crítica de Wayne Parsons al discurso del Banco Mundial consiste en que el Banco Mundial ha construido un discurso autorreferencial amparado en el discurso económico-científico no dando entrada a la innovación e imaginación de otras formas de hacer y analizar a la política pública.

El regreso del pluralismo a la Asamblea Nacional de Venezuela

septiembre 27, 2010

El regreso del pluralismo a la Asamblea Nacional de Venezuela

 

Noé Hernández Cortez

La oposición en Venezuela ha tomado con optimismo los resultados electorales generales que ha hecho oficial el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los datos electorales al día de hoy hablan de un regreso del pluralismo político a la Asamblea Nacional. El oficialismo ha obtenido 95 escaños y la oposición 61. Lo que indica que el PSUV y el Ejecutivo han perdido la mayoría calificada. En estas elecciones hubo una alta participación ciudadana con un 66.45%, lo que corrobora la compenetración cívica de los venezolanos (as) en estas elecciones legislativas. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha logrado instituir el regreso de la pluralidad política a la Asamblea Nacional en un momento en donde el legislativo fungía como coro al unísono de las políticas de Hugo Chávez.

            La campaña electoral del PSUV estuvo marcada por un lenguaje militar con tono provocativo en un contexto social venezolano en donde la violencia ha asaltado a la ciudadanía. La Mesa de la Unidad Democrática eligió un tono político más acorde con el discurso democrático, señalando sus errores del pasado y a la vez los equívocos recientes de las políticas del Ejecutivo como es la indiferencia pública frente a la violencia que vive Venezuela y el caso PDVAL.

           Estas elecciones legislativas son justamente un punto de reflexión para la oposición en varios sentidos. En primer lugar, la Mesa de la Unidad Democrática tiene que tener muy en claro que la concordia política y el diálogo dieron sus primeros resultados en estas elecciones y con ello reafirma la institución democrática de estas alianzas. En segundo término, la oposición no debe perder de vista que Venezuela vive una polarización política y una aguda desigualdad social, situación que ha podido capitalizar y guiar la estrategia política de Hugo Chávez en un contexto democrático, y cuyo reclamo en la arena política es justa. Si la oposición no atiende estos temas en la agenda legislativa, no podrá marcar diferencia frente al oficialismo. Mi tercer punto es que la oposición deberá con ese pequeño espacio legislativo ganado hoy instaurar un diálogo de concordia política y que el optimismo no lleve a descalificar y cerrar puertas al oficialismo, como desatinadamente lo hizo en las elecciones pasadas.

            Lo que viene ahora para Venezuela es el arte de la política: saber dialogar para tender los puentes de comunicación entre los actores políticos. En una nota anterior a esta señalé que estas elecciones legislativas eran la gran oportunidad para restablecer  la concordia política, espero no equivocarme.

México, 27.09.10

En documento: La llegada del pluralismo a la Asamblea Nacional

Elecciones del 26 de septiembre en Venezuela: la oportunidad de la reconciliación

septiembre 9, 2010

Elecciones del 26 de septiembre en Venezuela: la oportunidad de la reconciliación

 

 

Por Noé Hernández Cortez

 

El acechamiento de la violencia en la sociedad venezolana es de los problemas que influirán en las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela. Los reclamos para enfrentar la violencia padecida en las calles de Venezuela, a través de políticas públicas transparentes y eficaces, es un reclamo justo por parte de la sociedad civil y partidos de oposición al actual gobierno de Hugo Chávez. Lo grave es que el Ejecutivo afronta el problema de la inseguridad con argumentos evasivos, su respuesta pertenece más al orden de las creencias, que a la racionalidad de políticas públicas eficaces. Lo mismo sucede con sus voceros, quienes deberían ser el ala crítica del gobierno, sin embargo con malabares verbales justifican el discurso del Ejecutivo venezolano.

            Es cierto que el movimiento político chavista ha canalizado las demandas sociales de los ciudadanos que se encuentran en la línea de pobreza, sus mejores logros se encuentran en hacer visibles en la opinión pública la urgencia de voltear hacia los que menos tienen, para ello ha implementado programas sociales de corte populista, y hay que mencionarlo estos programas han llevado un alivio a los venezolanos que habían sido olvidados por las prácticas y discursos de los gobiernos anteriores. Sin embargo, las políticas sociales implementadas por el gobierno Chavista, carecen del seguimiento y evaluación para conocer los logros en la calidad de vida de los venezolanos.

            Si la oposición logra  acceder a un número de escaños significativo en la Asamblea Nacional  en las próximas elecciones del 26 de septiembre  para ser un contrapeso real a la bancada del PSUV y el Ejecutivo, el Presidente Hugo Chávez se vería en la gran oportunidad de establecer un diálogo con la oposición y empezar un discurso de reconciliación nacional. Mi reflexión no es insostenible. Muchos dirían que el discurso del Presidente Hugo Chávez es por naturaleza de confrontación, no obstante cuando el Ejecutivo venezolano se atreve a construir lazos de entendimiento, como fue en el caso de la reconciliación diplomática con Colombia, sus consecuencias sociales inmediatas consisten en  restablecer el interés general de los ciudadanos venezolanos.

            Si el Presidente Hugo Chávez tiene como escenario un parlamento plural a partir de las elecciones del 26 de septiembre, tendrá la gran oportunidad de realizar la tarea de la reconciliación de la política nacional, así empezaría a construirse la figura del estadista demócrata  que hizo que se mirara hacia los que menos tienen, de lo contrario principiaría a construir la triste figura de un Fidel Castro longevo, que ha visto por años el hundimiento político, económico y moral de la sociedad cubana.

 

México, 09.09.10

En documento: Elecciones del 26 de septiembre y reconciliación en Venezuela

El discurso ideológico de la política social en Venezuela, 1989-2010: un enfoque postestructuralista

septiembre 7, 2010

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Flacso

 

Proyecto de investigación

 

Seminario de tesis: Discurso e identidades en América Latina y el Caribe

Dr. Julio Aibar Gaete

 

 Presenta:

Noé Hernández Cortez
México, enero 2010

 
 

 

 

 

 

 

Doctorado en Ciencias Sociales especialidad en Ciencia Política.

 


El discurso ideológico de la política social en Venezuela, 1989-2010: un enfoque postestructuralista

 

Introducción

 

En 1977 escribía el historiador Jean Meyer las siguientes líneas “todos los países de las Américas ibéricas, todos salvo México, Colombia, Venezuela y la pequeña Costa Rica, están gobernados actualmente por militares; sólo desde hace unos quince años Venezuela logró escapar a esos generales; Colombia recuerda todavía al general Rojas Pinilla. La única excepción finalmente, es la de México”. (Meyer, 1977: 4)

La historia de la década de los setenta y ochenta en América Latina estuvo convulsionada por la violencia. El escenario político estaba marcado por las dictaduras del Cono Sur como Argentina, Uruguay y Chile; y por los movimientos de insurgencia en Centroamérica como El Salvador, Nicaragua y Guatemala (Grenier, 1999). En este contexto, Venezuela pertenecía a finales de los setenta a los países que se habían librado de las dictaduras e insurgencias como bien observaba en su momento el historiador Jean Meyer.

            Los cambios en la historia política de América Latina en los noventa tuvieron como rasgos distintivos la aparición endeble de instituciones democráticas transitada hacia un período de relativa calma, producto de la tendencia hacia el apaciguamiento de la violencia[1]. El contexto político de América Latina en su entrada al siglo XXI tiene como signo distintivo el ascenso de la izquierda latinoamericana en el ejercicio del poder en determinados países como Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Ideológicamente podemos trazar distintos matices de esta izquierda latinoamericana. Siguiendo en parte la tipología sobre las izquierdas en América Latina propuesta por el sociólogo francés Gilles Bataillon (2009), podemos identificar por un lado una izquierda con inclinación ideológica socialdemócrata en Chile[2] y Brasil; mientras que la izquierda conformada en el ALBA por Venezuela, Bolivia y Ecuador se le ha identificado con una izquierda populista. La actualidad política de Argentina se entiende en el marco de la política populista anclada en la tradición del peronismo, a la vez que convive con las reformas liberales impulsadas en la década de los noventa por el gobierno de Menem.

            En particular, Bolivia y Venezuela son casos paradigmáticos para la izquierda en América Latina, porque son una expresión compleja de las tensiones políticas de la región andina. Desde una perspectiva histórica, lo relevante de Venezuela es también su pasado reciente de instituciones democráticas y que actualmente se halla en una complejidad política y social de interés de estudio para la ciencia política. La investigación sobre la constitución del discurso ideológico de las instituciones democráticas en América Latina, concretamente la política social en Venezuela nos lleva a una propuesta teórica en el presente proyecto de investigación doctoral: aplicar categorías analíticas fundamentales de la Teoría del Discurso Postestructuralista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2004) -propios de la ciencia política europea y la Teoría Política Postestructuralista- como son el de articulación, discurso, campo de la discursividad, hegemonía, Ideología y lo político en la interpretación de la constitución del discurso ideológico de la política social en Venezuela configurado durante el período de 1989-2009, como alternativa de investigación en el área de la política social, pues en el imaginario discursivo de la investigación en la política pública en general durante la década de los noventa y en la actualidad han tomado mayor interés conceptos como gobernanza, eficiencia institucional, redes, complejidad,  deliberación e interdependencia. (Arts y Van Tatenhove, 2005: 339).

 

Área de Investigación

 

Una primera aproximación a nuestro tema de estudio parte de una discusión académica alrededor de los distintos enfoques o marcos de referencia para estudiar la política pública en un mundo marcado por la complejidad social. Wayne Parsons señala que “La idea de organizar el pensamiento a partir de ‘marcos’ [de referencia] que estructuran y proporcionan un ‘discurso’ de análisis empezó a usarse en las décadas de 1970 y 1980. Es posible pensar en los marcos como modos de organización de problemas que les dan forma y coherencia. Un marco implica la construcción de un límite alrededor de la realidad que se comparte o se tiene en común dentro de un grupo o comunidad. Puede exigir el conflicto dentro del marco o entre marcos diferentes. El estudio de las políticas públicas exige ser consciente de la manera en que los distintos marcos de análisis definen y discuten los problemas, y cómo estos chocan, convergen y cambian” (Parsons, 2007:66). En ese sentido existen distintos discursos que estudian las políticas públicas y dependiendo de la posición discursiva del investigador será su tipo de análisis. Siguiendo esta línea argumentativa, Bobrow y Dryzek (1987) distinguen cinco marcos de análisis para el estudio de la política pública, a saber: 1). La economía de bienestar. 2). La elección pública. 3). La estructura social. 4).El procesamiento de la información. 5).La filosofía política. A estos cinco marcos de análisis Parsons agrega tres más: “6). El proceso político. 7). La política comparada; y 8). El gerencial” (Parsons, 2007:67).

            De acuerdo con la clasificación expuesta sobre los marcos de referencia nuestro interés de estudio se ubica en el área de investigación definido por Wayne Parsons como el marco de análisis del “proceso político” de la política pública. Sobre este punto es de gran utilidad la subclasificación que nos presenta Parsons para demarcar el análisis de la política pública desde la esfera de los procesos políticos. Así, los marcos analíticos que estudian el proceso político de las política públicas son: “1). Enfoques ‘por etapas’; 2). Enfoques pluralistas-elitistas; 3). Enfoques neomarxistas; 4). Enfoques subsistémicos; 5). Enfoques del discurso de políticas públicas; 6). Institucionalismo.” (Parsons, 2007:73-74).

            De acuerdo con los enfoques teóricos anteriores, nuestra área de investigación pertenece al marco analítico del estudio de la política pública a partir del análisis del discurso. En particular, la configuración del discurso ideológico de la política social. Como sabemos existen distintas tradiciones de teorías del discurso que podemos mapear a manera de estrategia conceptual en dos grandes vertientes: 1). Las provenientes de la filosofía analítica que tienen su tradición en Frege y Bertrand Russell; y 2). Las enraizadas en la tradición hermenéutica de Martín Heidegger y Gadamer (Merquior, 1989).

En su Teoría de las Descripciones a Bertrand Russell le interesaba investigar la validez de las proposiciones a partir del criterio del valor de verdad. Una proposición es verdadera si tiene su correspondencia con la realidad, en caso contrario una proposición sería falsa si no tiene su correlato con la realidad (Rossi, 1981). El positivismo lógico de Russell estaba inspirado en los modelos de la matemática y la física. Este andamiaje filosófico del positivismo es un sustrato teórico importante en la ciencia política americana. En la tradición de William H. Riker (1957) la ciencia política americana tomó de la filosofía positivista la idea de que conocer el valor de verdad de las proposiciones había que contrastarlas empíricamente. Dentro de este marco de análisis positivista el discurso se concibe como una concatenación de argumentos causales que se pueden sostener discursivamente por medio de proposiciones válidas, es decir, el discurso se concibe de manera análoga a los modelos causales de las ciencias naturales (Hay, 2002). Sin detenernos a profundidad en la noción del discurso de Colin Hay, sólo baste decir que de su concepción del discurso se desprende de manera natural una ontología, epistemología y metodología de raigambre positivista para el análisis del discurso político.

            Un tema recurrente en el pensamiento filosófico europeo ha sido el carácter hermenéutico del lenguaje. Fundado en una vieja tradición europea en donde el lenguaje se concibe como productor de paradigmas culturales, la hermenéutica ha trazado una rica tradición que ha enriquecido disciplinas como la filosofía y la historia. Esta tradición parte de Friederich Nietzsche y Arthur Schopenhauer y desemboca en la filosofía de Martín Heidegger y Gadamer. Para interpretar esta vertiente del discurso partamos de la crítica de Strawson a la filosofía del lenguaje de Russell.  La crítica de Strawson a Bertrand Russell radica en que el autor de la lógica-matemática consideraba el significado como parte de su Teoría de las Descripciones. Para ello Strawson establece un nuevo criterio para saber el “significado” en expresiones del tipo “El actual Rey de Francia” cuya referencia es vacía. Según Strawson expresiones como “El actual Rey de Francia” tiene referente, pero de ahí no se deriva que sea verdadera o falsa. Si a la expresión “El actual Rey de Francia” le adjudicamos predicables y lo contextualizamos históricamente entonces la expresión tiene un referente y podemos decir que es falsa o verdadera, por ejemplo supongamos que para un hombre del siglo XVIII la proposición ‘El actual Rey de Francia es déspota” es una proposición verdadera -y a la vez tiene un referente-, es decir, la proposición es verdadera no por el referente sino porque los predicables están contextualizados históricamente. Esta forma de analizar las expresiones del lenguaje cotidiano cuya referencia es vacía es examinada en la Teoría de las Presuposiciones de Strawson. Desde el punto de vista de un criterio más general la problemática argumentada anteriormente pertenece a la Teoría de la significación. En este orden de ideas, podemos decir que la tradición de Heidegger y Gadamer se ocupa del tema del significado en contextos culturales históricamente determinados. Ludwig Wittgenstein dará un paso decisivo en la comprensión del lenguaje cotidiano con su teoría de juegos del lenguaje, en donde se concibe al lenguaje como una práctica humana. De esta manera, la Teoría del Discurso Postestructuralista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2004) se inserta en esta  tradición del discurso, en donde las condiciones de validez del texto están dadas por el contexto histórico. Como bien observan los politólogos Mark Bevir, Robert Adcock y Shannon C. Stimson -a contracorriente de la perspectiva teórica de Colin Hay- esta rica tradición de la Teoría Interpretativa y Post-positivista ha sido olvidada por la ciencia política americana (Adcock, Bevir y Shannon, 2007).

 

Justificación

 

Siguiendo la propuesta epistemológica de Flyvbjerg (2004), Wayne Parsons (2007) se fundamenta en la teoría sobre los grados de saber de Aristóteles para argumentar sus distintos enfoques para el análisis de la política pública. Para fines de nuestro presente proyecto de investigación doctoral, nos detendremos en dos grados del saber de la teoría aristotélica que asume Wayne Parsons  para el análisis de la política pública que son: episteme y phronesis. La episteme pretende explicar los fenómenos sociopolíticos a partir de los principios de causalidad, esto en la ciencia política se traduce en explicar los fenómenos sociopolíticos a partir de modelos similares al de las ciencias naturales. Así la ciencia política que busca causalidad en su explicación pretende sólo dar cuenta del orden social establecido. No obstante, en una tradición crítica como la de Michel Foucault (2001) se cuestiona el orden social establecido, principalmente los aspectos disciplinarios que conlleva el saber científico y racional. Foucault a contracorriente de los “paradigmas científicos” establecidos en las ciencias sociales, sostenía que el discurso científico a pesar de que pretende instalarse en la supuesta neutralidad ideológica, en realidad el discurso científico tiene una carga ideológica que hay que descubrir para conocer los intereses de poder que subyacen en el propio discurso. Estudios empíricos como los de James Ferguson (1990) y  Béatrice Hibou (2000) han demostrado la tesis de Foucault de que los discursos económicos de las instituciones financieras internacionales no son neutrales, sino expresión de grupos de poder que imponen sus modelos de explicación sobre los problemas de pobreza y marginación en los países “periféricos”. Al respecto el trabajo de Beatrice Hibou ha mostrado que el Banco Mundial en su pretensión de establecer un modelo racional, parsimonioso y aséptico para explicar los problemas de crecimiento y fijar recomendaciones a los países “periféricos”, concretamente a los países de la región del Sub-sahara deja fuera problemas tan complejos como el conflicto político o los movimientos sociales. En breve, lo que nos interesa destacar es que los modelos racionales apoyados exclusivamente en la episteme dejan fuera el fenómeno de lo político[3]. De esta forma, nosotros asumimos que el espacio de lo político es una dimensión de relevancia para explicar formulación de los problemas y de la agenda de la política pública, pues es en lo político en donde se expresa la apuesta ideológica de las distintas posiciones del sujeto. Es precisamente la constitución de los discursos ideológicos de las distintas posiciones del sujeto en el espacio de lo político lo que cobra relevancia para estudiar la configuración discursiva de la política social.

            Phronesis es el grado de saber que se refiere al discurso. Es justamente en la phronesis en donde se presenta la intersubjetividad humana constituida por medio del discurso.  El eje teórico central de nuestro proyecto de investigación doctoral es la Teoría de Discurso  Postestructuralista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2004). Laclau y Mouffe construyeron el concepto de hegemonía a través del método genealógico de Foucault y tomó del filósofo francés la categoría de articulación (Andersen, 2003). Es importante mencionar la influencia teórica de Michel Foucault (Culpitt, 2001), en los trabajos empíricos sobre el análisis de la política pública (Ferguson, 1990; Hibou, 2000;  Ariztizábal, Cabides y Jiménez 2005) lo que manifiesta un intenso trabajo en esta área de conocimiento del discurso en el estudio de la política pública.

 

Formulación del problema

 

¿Por qué estudiar la constitución del discurso ideológico de la política social de Venezuela bajo el enfoque de la Teoría del Discurso Postestructuralista? Sin pretender agotar la respuesta consideramos que las explicaciones sobre la política pública en general y en particular la política social venezolana a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez han sido estudiadas a partir de los modelos económicos liberales. Si bien es cierto que estos estudios evalúan la política social en relación a su viabilidad y eficiencia económica (Vera, 2008), sólo es una parte de la explicación. Y es una parte de la explicación porque se ha dejado fuera el estudio de cómo se han conformado los modelos de política social  en el marco del conflicto político, no sólo durante el gobierno de Hugo Chávez sino desde el  período de la instauración del modelo neoliberal. Además como los modelos económicos liberales parten del supuesto de que el conflicto político se canaliza por medio de las instituciones y en ese sentido sólo atiende los resultados institucionales olvidando analizar los discursos ideológicos que se articulan dentro y fuera de las instituciones formales (Morong, 2009). En ese sentido, lo que se pretende estudiar son los distintos discursos ideológicos que han constituido los dispares modelos hegemónicos de política social en Venezuela en momentos coyunturales durante el período de 1989 a 2009. Es un período de tiempo significativo para una construcción de los momentos coyunturales y que permita observar los distintos modelos de política social en el tiempo. Esto a la vez nos permitiría identificar los intereses  políticos de los actores individuales o grupos de poder, traducida en políticas sociales.

            Por ejemplo, hemos encontrado que antes del gobierno de Hugo Chávez existía una política social cada vez más insertada en el proceso de descentralización (Maingon, 2006), con la llegada de Chávez se registra una tendencia hacia una centralización en el manejo de la política social por parte del Ejecutivo como es el caso del llamado Plan Bolívar 2000, “el cual fue dirigido por militares y coordinado de forma  centralizada desde el poder ejecutivo” (Díaz, 2006: 154).

            Algunos analistas han criticado la estructura clientelar de la política social de Hugo Chávez en Venezuela (Vera, 2008) cancelando así formas ciudadanas de participación política. Por otra parte, para Ernesto Laclau lo que sucede en Venezuela es un proceso de democratización a partir del liderazgo de Hugo Chávez (2006). Carrasquero, Varnagy y Welsh (2003) han llegado a las siguientes conclusiones sobre la cultura política y calidad de la democracia en Venezuela: “Aumento del cinismo y de la apatía política; disminución de la participación política efectiva; incapacidad del sistema político de generar alianzas de gobierno representativas; creciente violencia civil y criminal que erosiona la sustancia de régimen democrático; finalmente, la aparición de brujos con fórmulas mágicas en el escenario político” (Carrasquero, Varnagy y Welsh, 2003: 112) En estas conclusiones llama la atención la frase peyorativa hacia Hugo Chávez como parte de los “brujos con fórmulas mágicas en el escenario político”. Y llama la atención porque hasta en los estudios académicos se filtran las descalificaciones ideológicas que actualmente dividen a la sociedad venezolana. Estamos en ese sentido frente a una realidad política compleja, pero cuya complejidad política no podemos omitir en un análisis de la política social. Sin lugar a dudas que los discursos en competencia en el espacio de lo político explican la política social diseñada en Venezuela, lo que permite conocer una dimensión relevante para comprender las formas de poder que subyacen en los discursos ideológicos de la política social y asimismo saber el sustento ideológico de las críticas a estas políticas sociales antes y durante el gobierno de Hugo Chávez. Para el analista en política pública es importante tener en cuenta toda la complejidad de la realidad sociopolítica, precisamente para construir el contexto sociopolítico en que se desarrolla la política social. En este contexto, se pueden formular preguntas de investigación como las siguientes: ¿Qué tanto peso tienen el poder y la ideología en la constitución hegemónica de la política social? ¿Cuáles fueron los discursos ideológicos articuladores  de los políticos para la implementación de la política social? ¿Cuáles son las continuidades y rupturas discursivas de las políticas sociales estatales? ¿Qué concepciones hegemónicas de proyecto político de Estado y sociedad subyacen en las políticas sociales implementadas? ¿Cuál es el grado de articulación hegemónica en la ideología social de Hugo Chávez que compitieron con las ideologías hegemónicas que le precedieron?

Así, nuestro proyecto de investigación se inserta en el debate sobre la política social en Venezuela. Si bien es cierto que abundan los trabajos sobre la política social en Venezuela a partir de la llegada de Hugo Chávez, nuestro interés no solamente es proponer un enfoque teórico alterno al estudio de la política social durante el gobierno de Hugo Chávez, sino más bien antes de su gobierno, por ello partimos de 1989.

            Asimismo, como hemos argumentado líneas arriba nuestra discusión es también de carácter teórico, pues pretendemos señalar que la ciencia política en América Latina sigue más los modelos cuantitativos de la academia norteamericana (Sartori, 2004)  y nuestro enfoque pretende complementar estos estudios con la forma de hacer ciencia política en el mundo académico europeo. Además, nuestro propósito es manifestar la relevancia del estudio de los discursos ideológicos que articulan a la política social. Con este enfoque pretendemos hacer una crítica explicita a los modelos formales que pretende establecer la ciencia política norteamericana como único camino de investigación (Aguilar, 2009), instaurándose como el discurso de saber predominante, dejando fuera con ello  dimensiones tan importantes como la complejidad de la construcción ideológica de la política social en el espacio de lo político.

Nuestro lugar de enunciación para comprender la ideología es desde el núcleo teórico de la perspectiva postmarxista. El concepto de ideología se encuentra elaborado teóricamente en Marx y Engels (Marx, 2000; Villoro, 2007). Así, entendemos a la política pública como una construcción ideológica hegemónica de los proyectos políticos del Estado (Althusser, 1975). La ideología en el campo discursivo se entiende como una competencia entre discursos políticos que pretenden instalarse en un momento de la historia como discursos hegemónicos (Laclau, 2006). Así, la interpretación política del discurso nos permite identificar a los actores individuales e institucionales que ejercen el poder ideológico hegemónico. Apoyados en esta premisa general, argumentaremos que la ideología hegemónica en la configuración de la política social en Venezuela en el período de 1989 a 2010 -desde un análisis articulatorio del discurso- han dado lugar a la competencia ideológica de distintos modelos de política social, de esta manera demostraremos identificando a los actores involucrados tanto individuales como institucionales que la política social no es aséptica de valores,[4] sino una construcción  ideológica hegemónica constituida por distintos discursos de lugares de enunciación, imaginario ideológico que fija los problemas y la agenda de la política social.

 

Argumento central o hipótesis

 

La constitución histórica del discurso ideológico de la política social en Venezuela en el período de 1989-2010 ha sido construida a partir de la articulación de discursos de distintas posiciones del sujeto, generando un espacio de lo político a través de competencias discursivas por establecer una ideología hegemónica que configure una idea de lo social para la génesis de la institución de la política social. Los dos grandes bloques ideológicos discursivos de la política social que se derivan del espacio de lo político en Venezuela son el bloque ideológico neoliberal y el bloque ideológico populista. 

 

Propuesta metodológica

 

Como hemos argumentado nuestro estudio de la política social en Venezuela en el período de 1989-2010 es a partir de la Teoría del Discurso  Postestructuralista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2004). De esta Teoría Postestructuralista del Discurso se deriva al aparato metodológico de nuestra investigación. Siguiendo la noción de estrategias analíticas discursivas del estudioso danés Niels Akerstrom Andersen, nos detendremos primero en definir los conceptos de discurso, articulación y hegemonía que argumentan Ernesto Laclau y Chantal Mouffe.   Discurso, “cuando, como resultado de una articulación práctica, se ha convertido en capaz de configurar un sistema exacto de diferentes lugares de enunciación, este sistema de diferentes lugares de enunciación se conoce como discurso” (Laclau, en Andersen, 2003: 50). Articulación, “es lo que designamos por cualquier práctica que establece la relación, es decir, las diferencias y similitudes entre los elementos” (Andersen, 2003: 50). “La noción de Hegemonía[5] está ligada directamente al argumento acerca de la incompletitud de estructuras y a la continuidad total o parcial de elementos flotantes del discurso. La comprensión básica es que la hegemonía solo es posible cuando existe algo que puede ser homogeneizado, y esto sólo ocurre cuando el discurso carece de la determinación final, cuando los elementos discursivos tienen un excedente de significado y cuando los significantes no están vinculados a la irreversibilidad del significado. Consecuentemente, la hegemonía significa que nunca se llega a la conclusión de los intentos de producir una fijación, para la que siempre habrá una amenaza” (Andersen, 2003: 55).

            En relación con el anterior aparato conceptual, se propone el siguiente modelo de análisis de la política social, con base en la Teoría del Discurso Postestructuralista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe.

Fuentes

 

Desde esta perspectiva epistemológica aquí planteada, se construirá el discurso ideológico hegemónico de la política social en Venezuela a partir de la interpretación de las condiciones de validez de los textos en su contexto sociopolítico. Las fuentes a examinarse son:

 

  1. Declaraciones y discursos de los sujetos centrales, principalmente del Ejecutivo.
  2. Documentos de los programas de desarrollo nacional de Venezuela.
  3. Los apartados constitucionales sobre política social en las constituciones que ha tenido Venezuela.
  4. Evaluaciones de los organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de política social en Venezuela.
  5. Revistas especializadas
  6. Investigación hemerográfica: los discursos oficiales permitirán identificar los momentos coyunturales de cambio en la política social que se debatieron en la prensa nacional.

 

 

 

 

 

ÍNDICE TENTATIVO

 

Introducción
CAPÍTULO I. MARCOS TEÓRICOS DEL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
1. 1 Introducción
1. 2 Teoría de la Elección Social y Política Social
1. 3 Teoría de la Elección Pública y Política Social
1. 4 Teorías del Discurso y Política Social
1. 4. 1. Propuesta teórica postestructuralista del discurso
1. 4. 2. Teoría del Discurso de Laclau
1. 4. 3. La Escuela de Essex: discurso, ideología y política pública
 
CAPITULO II EL DISCURSO IDEOLÓGICO EN LA POLÍTICA SOCIAL
2. 1 Racionalidad e Ideología
2. 1. 1 Teoría de la Elección Racional  
2. 1. 2 Teoría de la Elección Social  
2. 2. Contingencia e Ideología
2. 2. 1 Ernesto Laclau y Chantal Mouffe
2. 2. 2 David Howarth  
2. 2. 3 J. Torfing  
2. 3. Ideología, contingencia y cambio en la política social
 
CAPITULO III Ideología neoliberal y política social en Venezuela (1989-1998)
3. 1 Los mandatos del Consenso de Washington
3. 2 Hegemonía de la política social de corte neoliberal
3. 3 Actores y procesos hegemónicos de la ideología neoliberal
3. 4. Alcances y límites de la política social neoliberal
3. 5. Discurso de la privatización de los servicios de salud
3. 6. Discurso de la descentralización de los servicios públicos
3. 7 Discurso sobre la democracia y el desarrollo social
 
CAPITULO IV Ideología del socialismo del siglo XXI y política social en Venezuela (1998-2010)
4. 1 Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI
4. 2 La construcción del “enemigo” como legitimidad de la política social
4. 3 La construcción hegemónica de una política social popular
4. 4 Actores y procesos hegemónicos de la ideología del socialismo del siglo XXI
4. 5 Discurso de la socialización de los servicios de salud
4. 6 Discurso de la centralización de los servicios públicos
4. 5 Discurso sobre el socialismo del siglo XXI y el bienestar social
 
CAPÍTULO V NEOLIBERALISMO O SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
5. 1 Una perspectiva comparada entre el modelo neoliberal y socialista en política social.
5. 2 Alcances en política social de ambos modelos
5. 3 El modelo neoliberal y el descontento social
5. 4 El modelo socialista del siglo XXI y la satisfacción de las demandas sociales
5. 5 La nueva construcción hegemónica de la política social venezolana
5. 6 ¿Es la política social venezolana un nuevo modelo de desarrollo social?

 

 

Referencias bibliográficas

 

AGUILAR RIVERA, José Antonio (2009): “El Enclave y el Incendio”, en Nexos Núm. 379.

 

ALTHUSSER, Louis (1975): Ideología y aparatos ideológicos del Estado, México: ENAH

 

ANDERSEN, Niels A. (2003): Discursive Analytical Strategies. Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann, Bristol: The Policy Press.

 

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Arts, Bas y Jan Van Tatenhove (2004): “Policy and power: A conceptual framework between the ‘old’ and ‘new’ policy idioms”, en Policy Sciences, pp. 339-356.

 

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CULPITT, Ian. (2001), Michel Foucault, Social Policy and ‘Limit-Experience’” tesis para optar el grado en Doctor en Filosofía en Política Social, Victoria University of Wellington.

 

DÍAZ, Benito. (2006), “Políticas públicas para la promoción de cooperativas en Venezuela (1999-2006)”, en Revista Venezolana de Economía Social, año 6, Núm. 11., pp. 149-183.

 

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Documentos

Tipologías de izquierdas en el siglo XXI en América Latina, Conferencia de Gilles Bataillon pronunciada en Paraguay en abril del 2009 (Transcripción propia en proceso).

 

 

 

 

 


[1] En la década de los noventa los países de la Europa del Este también empezaron  a restaurar las instituciones democráticas, después de haber padecido los autoritarismos del bloque comunista. Sobre la democratización  de Europa del Este, Ver: Garton Ash, Timothy (2000): Historia del presente: ensayos, retratos y crónicas de la Europa de los 90, Barcelona: Tusquets Editores.

[2] En el momento en que se escribe el presente proyecto se tiene la noticia del triunfo de la derecha en Chile, al obtener el triunfo el conservador Sebastián Piñera. Así, pierde la hegemonía política la coalición Concertación por la Democracia (La Jornada, 18/enero/2010). 

[3] Para un estudio analítico sobre lo político, ver el ensayo de María Antonia Muñoz, “Laclau y Rancière: algunas coordenadas para la lectura de lo político” (2006) en Andamios Vol. 2 Núm.004, pp. 119-144.

 

[4] Julio Aibar ha identificado con acierto la idea de “asepsia” ideológica con que pretenden instaurar los científicos sociales su discurso académico. De manera similar la crítica de Wayne Parsons al discurso del Banco Mundial consiste en que el Banco Mundial ha construido un discurso ideológico autorreferencial amparado en el discurso económico-científico no dando entrada a la innovación e imaginación de otras formas de hacer y analizar a la política pública.

 

[5] Cursivas mías.

En documento: El discurso ideológico de la política social en Venezuela, 1989.2009

Presentación: El discurso ideológico de la política social en Venezuela, 1989.2010

Yolanda D’Elia y Thais Maingon

mayo 6, 2010

D’Elia, Yolanda y Thais Maingon: un diagnóstico en materia social sobre el gobierno revolucionario de Hugo Chávez.

Reseña

D’Elia, Yolanda y Thais Maingon (2009): “La Política Social en el Modelo Estado/Gobierno Venezolano”, documento de trabajo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y Convite A.C., Febrero, Caracas, Venezuela.

 

De acuerdo con las autoras Yolanda D’Elia y Thais Maingon, las consecuencias más significativas en materia social del modelo Estado/Gobierno emprendido por el ejecutivo nacional Hugo Chávez Frías “son una inclusión limitada, la desaparición de las políticas públicas para atender los problemas sociales estructurales y una creciente descomposición de la convivencia social” (D’Elia y Maingon, 2009:1).

La lectura en materia social en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (30 de diciembre de 1999), según Yolanda D’Elia y Thais Maingon se expresa en los siguientes términos: “…El artículo 2 del texto constitucional establece que ‘Venezuela se constituye en un Estado[1] democrático y social, de derecho y de justicia…’. En este artículo, lo social se convierte en uno de los pilares del ordenamiento jurídico y significa entre otras cosas:

  1. Una integración socialmente incluyente, que reconoce a todas las personas en sus identidades como miembros de la sociedad venezolana.
  2. La protección de las libertades y derechos relacionados con la dignidad humana, en condiciones de igualdad jurídica y política.
  3. La intervención en factores sociales, económicos, culturales y políticos que producen formas injustas de pobreza, exclusión y desigualdad social.

Como derivación de este artículo, aproximadamente 20% de los artículos de la nueva Constitución están relacionados directa o indirectamente con derechos y garantías sociales…” (D’Elia y Maingon, 2009:2).

Existieron distintas estrategias políticas y pugnas ideológicas en el interior del gobierno “acerca de las causas de los problemas del país y las vías para solucionarlos. Una de estas visiones fue la de una Revolución Cívico Militar, que promovían los partidarios civiles y militares del MBR 200. La otra fue la de Reformas Democráticas Progresistas que apoyaban los sectores críticos al sistema político tradicional, pero creyentes de la institucionalidad democrática” (D’Elia y Maingon, 2009:3).

D’Elia y Maingon señalan que bajo la Visión Democrática Progresista el gobierno instituyó entre los años de 1999 y 2001 los siguientes planes:

  1. “La reestructuración de ministerios del sector social, en particular se creó el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS).
  2. La gratuidad de los servicios de salud y educación, y el diseño de modelos de atención integrales, humanos y participativos.
  3. La formulación de nuevas leyes sociales, específicamente la Ley del Sistema de Seguridad Social y las Leyes de Salud, Vivienda y Protección de los Trabajadores” (D’Elia y Maingon, 2009:3).

Y sobre esta Visión Democrática Progresista concluyen las autoras “El intento de golpe de estado en abril de 2002, finalmente derrotó esta visión dentro de las estrategias desarrolladas por el gobierno y abrió las puertas para continuar con la visión revolucionaria” (D’Elia y Maingon, 2009:4-5).

La visión cívico-militar tiene como propósito “liberar a la sociedad venezolana de la influencia de los sectores económicos capitalistas, a través de la colectivización de los medios económicos, políticos y culturales. En su lugar, es necesario instalar una nueva forma de democracia de mando popular y moral socialistas, que se conforma a través de un polo de poder político, militar, económico y social orientado por los valores y la disciplina revolucionaria. Este poder que actúa fuera del orden institucional establecido va desplazando de los espacios estratégicos a los poderes de la democracia tradicional” (D’Elia y Maingon, 2009:5).

Este proceso revolucionario dio inicio en materia social con el “lanzamiento de la Alianza Cívico Militar y el Plan Bolívar 2000. Mediante estas dos estrategias, el gobierno trazaba las principales líneas de acción de lo que sería el plan para atender necesidades urgentes y de manera inmediata a los venezolanos/as con el apoyo de las fuerzas militares. Dentro de esta alianza se llevaron a cabo hasta el año 2002, entre otros: Plan de las Rutas Sociales, Plan Pescar 2000, Plan Casiquiare 2000 (población indígena), Plan de Asistencia Alimentaria Popular, Plan de Educación Nacional de Redes Educativas, Programa Todas las Manos a la Siembra, Plan Avispa y Plan Hormiga para la auto-construcción de viviendas.

Ante la amenaza de un posible referendo revocatorio del mandato presidencial y para defender la revolución, en el año 2003 se crean las Misiones Sociales. Esta estrategia fue denominada por el Presidente como ‘Revolución desde abajo’, entendiendo que había llegado el momento de derrotar a los sectores de oposición a través de una operación dirigida a masificar y hacer penetrar programas educativos, alimentarios y de salud en el tejido de los sectores populares, utilizando el Convenio Cuba-Venezuela firmado en el año 2000. De esta estrategia surgieron cerca de 14 misiones, apoyadas por contingentes militares, personal cubano y voluntarios comunitarios que lograron llegar a un porcentaje significativo de las zonas populares hasta finales del año 2004.” (D’Elia y Maingon, 2009:5).

Será en el 2005 cuando el gobierno de Hugo Chávez Frías articule la prolongación del proceso revolucionario en la visión ideológica del “Socialismo del siglo XXI”.  En este proceso de revolución socialista surgen en el 2006 la acuñación del concepto de Poder Popular y se establecen los Consejos Comunales (D’Elia y Maingon, 2009) La lectura política de las autoras sobre la función que ejerce el Ejecutivo en este proceso revolucionario es que “Las decisiones públicas son entendidas como campo exclusivo del Presidente y son implementadas en forma personalista y, por lo tanto excluyente, buscando fortalecer liderazgos políticos. En estas condiciones la participación solo puede entenderse como apoyo político incondicional” (D’Elia y Maingon, 2009:7).

El discurso de la “participación” del Presidente Hugo Chávez Frías: “…se convierte en una estrategia de control social lo que significa el ejercicio directo del poder sobre las iniciativas sociales. Edificar un poder moral revolucionario para construir un modo de vida socialista, fuera del marco constitucional y las leyes, así como al margen de los controles jurisdiccionales, puede llevar a prácticas discriminatorias, opresivas y excluyentes. De estas prácticas puede ocurrir que las personas y los movimientos sociales críticos u opuestos a los propósitos de gobierno sean criminalizados y reprimidos, inclusive los que hacen vida dentro del propio proceso revolucionario” (D’Elia y Maingon, 2009:11).

En suma, el diagnóstico en materia social sobre la gestión del actual gobierno venezolano de acuerdo con las autoras D’Elia y Maingon, se resume en que el proceso revolucionario en sus “políticas sociales” ha generado una inclusión social limitada de los sectores menos favorecidos por los derechos sociales, el desmantelamiento de las políticas públicas producto del colapso del sistema de protección y la descomposición de la convivencia social creada por los altos índices de violencia que padece el país y que el gobierno no atiende con políticas públicas de seguridad.

 


[1] El término “Estado” en este artículo, se refiere a la condición con la que se constituye la sociedad venezolana y que rige el ordenamiento jurídico. No se refiere a las características del régimen del poder público.

Poder Popular en Venezuela

mayo 5, 2010

El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social

 

El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social es una institución que de acuerdo

Poder popular

con la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela con fecha del 17 de junio de 2009 (No. 39.202) tiene las siguientes competencias. Transcribo todo el artículo IV

Capítulo IV
Del Número, Denominación y Competencias de Cada Ministerio
Artículo 25

Son competencias del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social:

1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de participación ciudadana en el ámbito de las comunas;

2. La realización del análisis de la gestión de la economía comunal en el país y formulación de las recomendaciones a los órganos y entes competentes;

3. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en lo atinente a las normas operativas e instrumentos de promoción, autogestión y cogestión de la población en el marco de la economía del Estado, que armonice la acción de los entes involucrados en tal política sectorial, y el uso eficiente de los recursos destinados al financiamiento correspondiente;

4. Participar en la elaboración de los planes y programas tendentes al desarrollo de la economía participativa en todas sus expresiones;

5. Definir los mecanismos para la participación del sector público y privado en la planificación y ejecución de planes y programas relacionados con el desarrollo de la economía comunal. En este sentido, servirá de enlace entre los entes involucrados y las iniciativas populares cuando las circunstancias así lo requieran;

6. Impulsar el desarrollo del sistema microfinanciero en actividades tendentes al desarrollo de la economía comunal;

7. Propender al desarrollo de las actividades de comercialización y explotación en todos los sectores vinculados a la economía comunal, con especial énfasis en el sector rural;

8. Definir las políticas para los programas de capacitación en áreas determinantes para el desarrollo de la economía comunal, en especial la adquisición de conocimientos técnicos para el procesamiento, transformación y colocación en el mercado de la materia prima;

9. Establecer las políticas para el fomento de la economía comunal, estimulando el protagonismo de las cooperativas, cajas de ahorro, empresas familiares, microempresas y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo de bajo el régimen de propiedad colectiva sustentada en la iniciativa popular;

10. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación estratégica y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de promoción, ejecución y control y articulación de las actividades tendentes a la progresiva cogestión de responsabilidades sociales desde el Estado hacia las comunidades o grupos organizados, así como a la generación de los espacios de la participación protagónica en los asuntos públicos mediante el impulso a la iniciativa popular y otros mecanismos de participación protagónica;

11. Promover la elaboración de planes, programas y proyectos participativos y de base a ejecutarse en todos los ámbitos de la vida social nacional;

12. Diseñar, estructurar y coordinar la formación en las comunidades urbanas y rurales en materia de medios de participación popular y gerencia pública local;

13. Formular y promover políticas de incentivo y fortalecimiento a los movimientos populares que se organicen en los espacios locales;

14. Definir y establecer los parámetros para impulsar la organización del voluntariado social que apoye a los órganos y entes de la Administración Pública;

15. Fomentar la organización de consejos comunales, asambleas de ciudadanos y otras formas de participación comunitaria en los asuntos públicos;

16. Diseñar e instrumentar mecanismos de enlace entre los ciudadanos y la Administración Pública, con los Estados y los Municipios, y las demás expresiones del gobierno local, en aras a generar espacios de cogestión administrativa, y promover el control social de las políticas públicas;

17. Proponer, gestionar y hacer seguimiento, sobre la bese de las propuestas generadas por la participación activa y protagónica de la comunidad organizada, en las mejoras de las condiciones básicas e inmediatas de habitabilidad y convivencia en los sectores populares;

18. Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos orientados a coadyuvar con los municipios en el incremento de su capacidad de gestión en lo concerniente a la prestación de sus servicios públicos, a partir del diseño de modelos de gestión compartida que redunden en la obtención de una mayor calidad de vida para las comunidades;

19. Evaluar, supervisar y controlar los entes que le están adscritos, estableciendo las políticas y mecanismos de coordinación que sena necesarios.

20. Establecer las políticas, directrices y mecanismos para la coordinación de las acciones de los entes que le están adscritos. En este sentido, formulará las políticas sectoriales de asignación de recursos, así como controles de gestión y recuperación de los créditos otorgados;

21. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación estratégica y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de promoción, asistencia y desarrollo social integral y participativo. Dichas políticas estarán dirigidas al fomento del desarrollo humano, especialmente en los grupos sociales más sensibles, así como también a la familia y a la juventud.

22. La formulación, ejecución, seguimiento y control de las políticas y programas de atención y formación integral dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, como medios efectivo para el disfrute en sociedad de sus derechos y garantías, así como el acceso a los medios que les permitirán el pleno desarrollo de sus capacidades y destrezas;

23. El diseño, control y seguimiento de las políticas y programas dirigidos a la protección, asistencia y resguardo de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad o exclusión, de manera de asegurarles una atención inmediata e integral que posibilite su crecimiento acorde con los derechos y garantías que les corresponden;

24. La elaboración, gestión, coordinación y seguimiento de las acciones tendentes al rescate, protección, integración, capacitación, desarrollo y promoción de los grupos humanos vulnerables o excluidos socialmente, ya se encuentren ubicados en zonas urbanas o rurales;

25. Asistir en la definición de los criterios de asignación de recursos financieros destinados a la población en situación de vulnerabilidad social, que asegure un acceso real y democrático de los beneficiarios a tales recursos; de igual manera, fomentará la elaboración de propuestas de inversión social;

26. Diseñar, proponer e implementar incentivos a la organización y puesta en funcionamiento de redes operativas integradas a un sistemas de información social, el cual contará con el registro de las familias e individuos beneficiarios de programas sociales; también coordinará el establecimiento y ejecución de los sistemas de evaluación a tales programas;

27. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.

Disposiciones Transitorias

Vigésima

Se adscribe al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social:

1. Banco del Pueblo Soberano, C.A.
2. Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL).
3. Fundación Centro de Estudios sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana (FUNDACREDESA).
4. Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI).
5. Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).
6. Fundación Misión Che Guevara.
7. Fondo para el Desarrollo Endógeno (FONENDOGENO).
8. Instituto Autónomo Fondo Único Social.
9. Instituto Nacional del Menor (en proceso de liquidación).
10. Fundación Fondo de Inversión Social de Venezuela (FONVIS) (en proceso de liquidación).
11. Consejos Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
12. Instituto Nacional de Servicios Sociales.
13. Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
14. Fundación Misión Negra Hipólita.